No, no es turismo sexual, ni prostitución infantil. Es Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Escnna) y solo este año en Medellín se tiene registro de 59 casos, un total de 695 entre 2016 y 2019.
Las cifras las entrega el Caivas (Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, de la Fiscalía) y, según la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, hay más denuncias en el Centro (comuna 10), El Poblado (comuna 14) y Castilla (comuna 5).
Ahora, en víspera de Feria de Flores y con el incremento de turistas que llegan a Medellín, las autoridades locales, el sector gastronómico y hotelero trabajan juntos para fortalecer la red de prevención de las violencias sexuales, que suma alrededor de 6.800 personas vinculadas entre empresas, empleados y gerentes.
Cristina Londoño, directora técnica de la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, enfatizó en que en esta temporada aumentan los registros.
Las denuncias de violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, precisó Londoño, van en aumento a partir de 2016, con un incremento promedio de 13 % por año.
Así, mientras 2017 cerró con 1.951 denuncias, en 2018 se presentaron 2.131. El rango de edad más afectado es de 12 a 17 años (agrupa el 41% de los casos).
Como en campañas previas, nuevamente los restaurantes, hoteles y terminales comienzan a poner los afiches en las paredes, ascensores y en las puertas de los cuartos: “Tu silencio te hace cómplice de un delito: denuncie al 123 social”.
El compromiso también incluye no permitir que a los establecimientos ingrese un niño o una niña sin su acudiente y sin presentar identificaciones. Y, de ser necesario, la denuncia inmediata a las autoridades ante cualquier sospecha de abuso o explotación.
Y es necesario que el mensaje se divulgue a viva voz. “Son importantes estas campañas porque el problema no se oculta, sino que se hace público. Es una de las estrategias en la prevención de la problemática”, explicó Camilo Noreña, investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
Londoño recordó que la explotación sexual es un flagelo cuya atención depende de toda la ciudadanía.
“No podemos hacerlo solos. Es un trabajo de la Fiscalía, la Policía, el ICBF y el sector privado, que debe tener un compromiso decidido”, dijo.
Un componente del trabajo en red, indicó Londoño, incluye talleres en establecimientos comerciales, que están obligados a denunciar y a capacitar a sus empleados para que comprendan cuáles son las sanciones administrativas y penales a las que se pueden ver sometidos si permiten estos delitos.
Entre estas sanciones, puntualizó la funcionaria, se encuentran la extinción de dominio y penas de entre 14 y 25 años de prisión.
Gonzalo Castaño, director de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco Antioquia, enfatizó en que el protocolo de atención es obligatorio e igual para los 105 establecimientos afiliados al gremio (entre hoteles, hostales y fincas).
“En la recepción de los hoteles las personas siempre deben registrarse y suministrar documentos de identificación. Si detectamos un menor de edad que no tiene los documentos o los permisos de los padres, no puede entrar a los hoteles y el caso se reporta a las autoridades”, explicó.
Fredy Arenas, gerente del Hotel Plazuela San Ignacio, ubicado en el centro de la ciudad, agregó que el porte de los documentos de identificación es uno de los problemas más habituales que se presentan con los turistas extranjeros.
“Muchos usuarios que no son de Medellín viajan con sus hijos sin documentación. No comprenden lo delicado que puede ser”, añadió Arenas.
Desde la Unidad de Niñez, las recomendaciones a los turistas y ciudadanos incluyen reportar a la línea 123 social o denunciar en la Fiscalía cuando se detecte una situación de este tipo. También, para establecimientos comerciales, compartir con los clientes mensajes que prohiban o rechacen la explotación sexual.
Según la red ECPAT (por sus siglas en inglés: End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes) por cada caso que se denuncia en el mundo de explotación sexual comercial de menores de edad, hay cuatro que quedan en la clandestinidad.
Noreña opinó que Medellín sí está avanzando en la construcción de un plan para combatir este flagelo: los ciudadanos cada vez conocen más, los mensajes que se comparten en afiches y pancartas “tienen que incitar a un acuerdo colectivo de rechazo”.
Sin embargo, explicó el investigador, aún pervive el estigma o los prejuicios. No se trata de una elección de los niños y niñas, ni hay una oferta de “sexoturismo” para los extranjeros. Es, en cambio, una vulneración de los derechos fundamentales.
“Es lamentable que pervivan esos imaginarios en lo que no es otra cosa que la explotación de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Sus cuerpos son sagrados”, concluyó Noreña. Porque las víctimas de este problema no lo deciden y no lo quieren. Hay que empezar por aprender a nombrarlo .
