El caso de las niñas de Caracolí también ha mostrado que las redes de tráfico sexual infantil se han extendido a otras carreteras del país, donde supuestamente actúan con impunidad debido a la falta de controles estatales en las estaciones de servicio y otras instalaciones.
Debido a temores por obstrucción a la justicia en relación con el caso, sus denuncias están siendo supervisadas en Bogotá por Mario Gómez Jiménez, fiscal delegado para delitos contra la infancia y la adolescencia, quien está a cargo de la investigación.
El acceso a la justicia ha sido tradicionalmente limitado para las víctimas de la trata sexual infantil, quienes a menudo no presentan denuncias. Las autoridades dicen que por eso no tienen una panorama completo de cuántos menores han sido abusados en el país.
En entrevista con InSight Crime, Gómez Jiménez dijo que muchas niñas tampoco quieren participar en programas de protección de testigos, ya que temen que puedan ser alejadas de sus familias y hogares.
Agrega que las niñas se abstienen de hablar por temor a que los grupos criminales tomen represalias contra sus familias.
Esta vulnerabilidad también ha llevado a que muchas niñas busquen la protección de diferentes grupos criminales o de los mismos abusadores, quienes pueden ofrecer más protección o contactarlas solo con cierto tipo de clientes.
Miembros de Todas con las Mujeres que les han hecho seguimiento a las niñas de Caracolí durante el último año con el fin de ayudarlas y de documentar sus vidas le dijeron a InSight Crime que muchas de estas niñas ya no están en Caracolí, sino que son explotadas sexualmente en otros puntos a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá.
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